Casi el 99 % del Parque Estatal de Serra dos Reis, en la Amazonia brasileña, se ha mantenido intacto durante cuatro décadas. Sin embargo, su protección cuesta mucho más de lo que pueden aportar los fondos públicos actuales. Un nuevo proyecto piloto analiza si el mantenimiento de la integridad ecológica del parque podría convertirse en una fuente de ingresos y qué se necesitaría para que ese modelo fuera viable desde el punto de vista financiero.
Mensajes clave
• La conservación es una responsabilidad presupuestaria recurrente que carece de financiación específica suficiente. Se calcula que la gestión eficaz del Parque Estatal de Serra dos Reis, en la Amazonia brasileña, cuesta 565 000 dólares al año, pero la financiación pública actual no es suficiente.
• Un nuevo mecanismo podría permitir que las áreas protegidas generen ingresos al tiempo que mantienen su integridad ecológica. El proyecto piloto de Serra dos Reis demuestra cómo la eficacia de la gestión, la conectividad ecológica y la fauna amenazada pueden utilizarse para calcular aproximadamente 37 534 unidades de rendimiento de conservación al año.
• El proyecto piloto establece una metodología e identifica una vía jurídica, pero aún no se ha comprobado su viabilidad comercial. El siguiente paso consiste en determinar la demanda de los compradores, fijar los precios y averiguar si los ingresos resultantes podrían financiar la conservación de forma sostenible.
Cuatro décadas de imágenes satelitales revelan un contraste sorprendente en el Parque Estatal de Serra dos Reis, en el estado brasileño de Rondônia. Mientras que gran parte del paisaje circundante ha sido talado para dedicarlo a pastos, casi el 99 % del parque se ha mantenido como hábitat natural desde 1985, año en que comenzó el seguimiento por satélite. En la actualidad, constituye una parte importante del corredor ecológico que conecta los bosques a lo largo del valle del Guaporé y se adentra en la vecina Bolivia.
Sin embargo, mantener esta situación requiere una inversión constante. Se calcula que una gestión eficaz cuesta 565 000 dólares al año, una cifra considerablemente superior a la financiación de la que se dispone actualmente a través del presupuesto estatal y de un programa federal de áreas protegidas.
Este déficit de financiación refleja un problema más amplio que afecta a toda la Amazonía. Los gobiernos estatales son legalmente responsables del mantenimiento de las áreas protegidas, pero la conservación compite con otras prioridades de gasto público y rara vez genera una fuente de ingresos específica.
Un nuevo estudio sobre financiación de la conservación, elaborado por NatureFinance y el Consorcio de la Amazonía Brasileña, es uno de los primeros resultados de una iniciativa puesta en marcha en la COP30. Tomando como proyecto piloto la Serra dos Reis, el estudio evalúa un mecanismo mediante el cual las áreas protegidas podrían recibir pagos por mantener su integridad ecológica, basándose en resultados de conservación cuantificables.
Este enfoque podría tener repercusiones que vayan mucho más allá de Rondônia. En los nueve estados de la Amazonia Legal de Brasil, se han identificado 27 áreas protegidas que abarcan más de 8,9 millones de hectáreas y que podrían acogerse al mismo mecanismo.
Por qué la financiación actual destinada a la conservación es insuficiente
Creada en 1995, la Serra dos Reis tiene una superficie de 36 400 hectáreas y está clasificada a nivel nacional como zona de máxima prioridad para la conservación. Al tratarse de un espacio estrictamente protegido según la legislación brasileña, solo permite usos indirectos, como la investigación y las visitas. Su gestión es competencia de la Secretaría de Desarrollo Ambiental del Estado de Rondônia.
Para un parque de este tamaño, el estudio estima que una gestión eficaz requiere al menos 16 profesionales, además de la infraestructura, los sistemas de seguimiento y los recursos operativos necesarios para mantener su integridad ecológica.
En la actualidad, el parque cuenta con dos fuentes principales de financiación: las asignaciones del presupuesto del estado de Rondônia y el apoyo del Programa Federal de Áreas Protegidas de la Región Amazónica (ARPA).
El Fondo de Transición de la ARPA financia las operaciones sobre el terreno, pero no cubre los salarios del personal, las infraestructuras esenciales ni los gastos institucionales de la Secretaría. Por lo tanto, estos gastos deben sufragarse con cargo a otras fuentes, principalmente el presupuesto estatal, en el que la conservación compite con otras prioridades del gasto público. Las nóminas, el servicio de la deuda, las transferencias obligatorias a los municipios y el gasto exigido por la Constitución en sanidad y educación limitan los recursos disponibles para el gasto discrecional.
No se trata de un problema aislado. Un estudio publicado en la revista *Environmental Conservation* reveló que el 72 % de las 300 áreas protegidas federales analizadas presentaban un déficit de financiación en 2023. En la Amazonía, el déficit medio alcanzó el 79,2 %. Aún no se han publicado datos comparables sobre las áreas de protección estricta gestionadas por los estados, pero los resultados apuntan a un problema más amplio en cuanto a la financiación de la conservación.
«Cuando un estado amazónico analiza su presupuesto, un parque solo aparece en la partida de gastos. No genera ingresos, pero es una obligación legal permanente. Por eso este debate se ha trasladado del departamento de medio ambiente a las secretarías de Hacienda. No se trata de una agenda medioambiental a la que se le haya asignado financiación, sino de un problema fiscal que los estados llevan décadas soportando sin encontrar una solución», afirma Luana Maia, responsable de NatureFinance para Brasil.
Financiar la conservación mediante resultados cuantificables
El mecanismo desarrollado por NatureFinance y el Consorcio de la Amazonía Brasileña propone un enfoque diferente para la financiación de la conservación: las áreas protegidas podrían generar un activo financiero basado en su rendimiento en materia de conservación, medido de forma objetiva, lo que crearía una fuente potencial de ingresos más allá de las asignaciones presupuestarias públicas existentes. Este enfoque se basa en el principio de los pagos por servicios ecosistémicos, que recibió un gran apoyo durante la presidencia brasileña del G-20.
En lugar de intentar asignar un valor monetario al bosque en sí, la metodología mide la integridad ecológica que mantiene un espacio protegido. Calcula una cantidad anual de unidades de rendimiento de conservación multiplicando la superficie de hábitat natural elegible por tres factores: la eficacia de la gestión, la conectividad ecológica y la presencia de especies animales amenazadas.
El cálculo se basa en bases de datos públicas ya existentes, lo que permite aplicar la misma metodología a diferentes áreas protegidas, al tiempo que se tienen en cuenta sus características ecológicas específicas.
«La idea es proporcionar al comprador un registro verificado y auditable que demuestre que el parque ha mantenido intacta su integridad ecológica. La adicionalidad radica en el hecho de que la protección de la zona requiere recursos que actualmente no llegan hasta ella. Sin esta financiación, la eficacia de la gestión disminuye y ese deterioro se refleja en los indicadores oficiales. El objetivo del pago es precisamente mantener la protección y evitar ese deterioro», explica Gustavo Martins, economista de NatureFinance.
Este enfoque difiere del de los créditos de carbono, en el que una tonelada de dióxido de carbono tiene el mismo efecto en la atmósfera independientemente del lugar en el que se emita o se evite su emisión. La biodiversidad no es intercambiable en este sentido. Una hectárea intacta, conectada con otras áreas protegidas y que alberga especies amenazadas, presenta características ecológicas diferentes a las de un fragmento forestal aislado. Los tres factores de la metodología están diseñados para reflejar estas diferencias.
El mecanismo propuesto premiaría el mantenimiento continuado de los ecosistemas existentes, en lugar de basarse en hipótesis sobre pérdidas futuras. Los resultados en materia de conservación se verificarían anualmente, y los pagos se vincularían a la integridad ecológica mantenida.
Lo que demuestra el proyecto piloto de Serra dos Reis
La primera fase del proyecto piloto confirmó que Serra dos Reis cumple los criterios de elegibilidad del mecanismo, entre los que se incluyen un régimen de protección estricto, un hábitat natural bien conservado, un nivel mínimo de eficacia en la gestión, la ausencia de conflictos registrados en materia de tenencia de la tierra y la ausencia de solapamientos con otros proyectos.
A continuación, el estudio calculó la generación anual potencial de unidades de rendimiento de conservación del parque utilizando tres factores.
1. Eficacia de la gestión. Calificada como «moderadamente eficaz» por el sistema SAMGe de Brasil, con una puntuación del 52,2 %, Serra dos Reis recibe un multiplicador neutro de 1,00.
2. Conectividad ecológica. La ecorregión del parque presenta un índice de conectividad del 24,56 %, aproximadamente el doble de la media de referencia mundial, lo que da lugar a un multiplicador de 1,046.
3. Fauna amenazada. El multiplicador se mantiene en 1,00, ya que las bases de datos oficiales aún no reflejan plenamente las especies amenazadas registradas en el parque.
Aplicado a la Serra dos Reis, el cálculo es el siguiente:
35 876 hectáreas × 1,00 (gestión) × 1,046 (conectividad) × 1,00 (fauna) = 37 534 unidades de rendimiento en materia de conservación al año.
Esto determina la cantidad de unidades que el parque podría generar potencialmente cada año. Su valor económico dependería del precio que los compradores estén dispuestos a pagar, el cual aún no se ha fijado.
«El cálculo se basa únicamente en los datos de las bases de datos oficiales», afirma Martins. «Las especies amenazadas que ya se han registrado en Serra dos Reis aún no figuran en estos registros, por lo que la cifra actual aún puede mejorar. Mantener estos registros actualizados forma parte de la labor de gestión que este mecanismo está destinado a financiar».
Lo más importante es que el mecanismo propuesto permitiría a Serra dos Reis obtener financiación gracias a sus resultados en materia de conservación sin alterar su carácter de propiedad pública ni su estatus de zona protegida. Se basa enla Política Nacional de Pago por Servicios Ambientales de Brasil , establecida por la Ley 14.119 de 2021. Un análisis jurídico no ha encontrado ningún obstáculo para la participación del parque, aunque es necesario seguir trabajando para verificar los títulos de propiedad y aclarar la titularidad de los activos financieros propuestos.
«Se eligió el Parque Estatal de Serra dos Reis porque cumple los criterios de elegibilidad definidos para los nueve estados de la Amazonía legal y refleja los retos a los que se enfrentan la mayoría de las áreas protegidas. Necesitamos poner a prueba el modelo en el mundo real», afirma Vanessa Duarte, secretaria ejecutiva del Consorcio de la Amazonía Brasileña. «Lo que aprendamos allanará el camino para que los demás estados lo adapten a sus propias circunstancias».
La próxima prueba: ¿estarán dispuestos los compradores a pagar por los resultados en materia de conservación?
El proyecto piloto de Serra dos Reis ha demostrado cómo se podría estructurar la financiación para la conservación de la Amazonía en torno a un rendimiento ecológico cuantificable, al tiempo que ha identificado una vía jurídica para la emisión de los activos resultantes. Lo que aún no se ha comprobado es si existe un mercado para ellos.
En la siguiente fase habrá que identificar a los posibles compradores, establecer qué es lo que comprarían y determinar si la demanda y los precios podrían generar ingresos suficientes para sufragar los gastos de gestión del parque.
Si tiene éxito, este enfoque podría ofrecer a los estados amazónicos una nueva forma de financiar la gestión continua de las áreas protegidas, reconociendo los beneficios ecológicos que estas aportan y reduciendo al mismo tiempo su dependencia de unos presupuestos públicos limitados.
