Por Julie McCarthy, directora ejecutiva de NatureFinance
El Día de la Tierra, el principal organismo mundial de información financiera decidirá si los riesgos relacionados con la naturaleza justifican la creación de una norma específica. El personal dice que no, pero los datos indican lo contrario.
Algo extraordinario ocurrió en el camino hacia la reforma financiera mundial. En noviembre de 2025, el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad (ISSB) anunció oficialmente que elaboraría requisitos de divulgación obligatorios para los riesgos financieros relacionados con la naturaleza. El Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con la Naturaleza (TNFD), que había dedicado cuatro años a desarrollar el marco voluntario en el que se basaría esta norma, suspendió su propia labor para allanar el camino. Entonces, con apenas tres semanas de antelación a la votación crucial, el personal del ISSB dio marcha atrás. La recomendación que ahora se presenta ante el consejo el 22 de abril no es una norma. Se trata de una «declaración de prácticas»: una guía no obligatoria, sin autoridad reguladora, que ninguna empresa está obligada a seguir. Es un documento elaborado para demostrar que el ISSB tomó nota de un problema antes de negarse a hacer nada al respecto.
El mandato del ISSB, tal y como se recoge en sus documentos fundacionales, consiste en proporcionar a los inversores información relevante sobre los riesgos de sostenibilidad de las empresas. Se calcula que 44 billones de dólares de la producción económica anual dependen directamente de la naturaleza. Renunciar a exigir la divulgación de riesgos que afectan a más de la mitad del PIB mundial no es una decisión de carácter procedimental. Se trata de una determinación sobre la relevancia que las pruebas contradicen rotundamente.
Las pruebas apuntan claramente en la dirección contraria. En 2022, el 69 % de las empresas que cotizan en bolsa y que enviaron datos relacionados con el agua a la plataforma de divulgación medioambiental CDP declararon una exposición a riesgos relacionados con la naturaleza de hasta 225 000 millones de dólares, basándose únicamente en la dependencia del agua. La disponibilidad de agua depende del estado de las cuencas hidrográficas y de los ecosistemas del suelo. No es una abstracción; ya es una partida del balance, que se refleja en los gastos de capital, los cierres de instalaciones y los costes de seguros de empresas que van desde los semiconductores hasta la alimentación y las bebidas. Y esto sin tener en cuenta el colapso de los polinizadores, que amenaza una producción agrícola valorada en billones anualmente, ni la interrupción de la cadena de suministro provocada por la deforestación, que el nuevo reglamento de la UE sobre deforestación convertirá en una responsabilidad legal formal a finales de año.
La ciencia es inequívoca: los sumideros naturales de carbono absorben actualmente aproximadamente un tercio de las emisiones mundiales, y todas las vías creíbles para limitar el calentamiento a 1,5 °C parten de la base de que esa absorción continuará. Esos sumideros —entre los que se incluyen los bosques, los humedales y los ecosistemas oceánicos— se están colapsando. El ISSB lo sabe. Y, sin embargo, según su norma climática vigente, las empresas informan de sus riesgos climáticos partiendo de la suposición implícita de que los sumideros naturales de carbono seguirán amortiguando y absorbiendo los efectos del calentamiento. Esos sumideros se están colapsando bajo la presión de las mismas industrias que se supone que la norma debe regular.
El ISSB no se limita a negarse a abordar la cuestión de la naturaleza. Mantiene activamente un marco de divulgación que obliga a las empresas a informar sobre el riesgo climático basándose en una referencia que los propios asesores científicos del consejo saben que es falsa. Una declaración de prácticas sobre la naturaleza no contribuye en nada a corregir esto. Deja ese estándar climático estructuralmente intacto y hace que los inversores sigan recibiendo evaluaciones del riesgo climático basadas en una ficción de la que el organismo normativo ha sido informado y que ha decidido ignorar.
La justificación esgrimida por el personal para optar por una declaración de prácticas en lugar de una norma es el riesgo de perturbación: que la incorporación de un requisito vinculante en materia de naturaleza podría complicar la adopción de sus dos normas existentes en las jurisdicciones que aún las están implementando. Esta preocupación merece ser tomada en serio y, posteriormente, rechazada. El argumento de la perturbación ya se esgrimió en noviembre de 2025, cuando la junta del ISSB se comprometió por unanimidad a desarrollar requisitos de divulgación sobre la naturaleza. Se esgrimió cuando el TNFD puso fin a su propio trabajo técnico en respuesta directa a ese compromiso, dejando a 750 organizaciones y 22 billones de dólares en activos bajo gestión sin un organismo normativo que desarrollara activamente el marco en torno al cual se habían organizado.
La decisión de dar marcha atrás ahora no reduce las perturbaciones. Simplemente las traslada a los inversores que se han reestructurado en torno al compromiso del ISSB, y al mercado, que ahora verá cómo la norma de la UE sobre la naturaleza de carácter obligatorio, el marco de la ISO sobre biodiversidad y un creciente mosaico de requisitos jurisdiccionales llenan el vacío que habría cubierto una norma unificada del ISSB.
Una declaración de prácticas no evita la fragmentación. La garantiza. El ISSB se creó específicamente para resolver el problema de que las empresas divulgaran información sobre sostenibilidad incomparable e incoherente entre los distintos marcos normativos. Publicar un documento no obligatorio sobre la naturaleza y, a continuación, observar cómo un número cada vez mayor de jurisdicciones desarrolla sus propios requisitos obligatorios en materia de naturaleza no es actuar con cautela. Es precisamente el tipo de falta de coordinación que el ISSB se propuso evitar.
La propia investigación de la TNFD, basada en 600 datos procedentes de 360 fuentes, llegó a una conclusión contundente: los riesgos relacionados con la naturaleza no se revelan de manera sistemática como financieramente significativos en los informes corporativos. La razón no es que los riesgos no sean significativos, sino que ninguna norma exige a las empresas que los identifiquen. Una declaración de prácticas pide a las empresas, de forma cortés, que consideren la posibilidad de buscarlos. Una norma les obliga a informar de lo que encuentren. La historia de una década de divulgación voluntaria de información sobre sostenibilidad deja una cosa muy clara: las empresas no divulgan lo que no se les exige divulgar.
El sector de los seguros ya ha asimilado esta lección desde el punto de vista actuarial. Cada vez resulta más difícil asegurar categorías enteras de activos, ya que el cambio climático y la degradación de los ecosistemas aceleran las inundaciones, los incendios forestales y las malas cosechas. Cuando las aseguradoras se retiran, no están haciendo una declaración ESG, sino que están valorando un riesgo que los balances corporativos aún no están obligados a reconocer. Esa brecha entre lo que sabe el mercado de seguros y lo que muestran las declaraciones de los inversores es precisamente el déficit de información que el ISSB se creó para corregir.
La junta se reúne el Día de la Tierra. Su personal recomienda que, ante un riesgo financiero sistémico que afecta a 44 billones de dólares de la producción económica, la junta elabore un documento cuyo uso no sea obligatorio para las empresas. Rechazar esa recomendación y comprometerse con una norma sobre la naturaleza independiente, que se introduzca gradualmente con el mismo plazo de implementación que el ISSB concedió a sus normas sobre clima y sostenibilidad, no es un acto de ambición. Es lo mínimo que exige el mandato del ISSB.
