Además de las ganancias procedentes del blanqueo de capitales, el coste para los gobiernos y las sociedades es mayor, y a menudo se vulneran los derechos humanos de las comunidades locales. Este problema polifacético no sólo está impulsado por organizaciones delictivas transnacionales, sino también por sectores económicos, en particular la agroindustria.
Las instituciones financieras deben llevar a cabo una diligencia debida efectiva en torno a sus inversiones para garantizar que no están contribuyendo o financiando directamente delitos contra la naturaleza.
Entre los principales hitos de este trabajo en los próximos meses figuran la elaboración de un mapa del alcance y los flujos de los delitos contra la naturaleza impulsados por las inversiones en los principales mercados, y el lanzamiento de una coalición de instituciones financieras dedicadas a eliminar los delitos contra la naturaleza en sus inversiones.
